Novedades legales

medidas económicas URGENTES CORONAVIRUS

Medidas económicas, fiscales y laborales, financieras y mercantiles, aprobadas para combatir la crisis del coronavirus COVID-19, RD 8/2020

 

Ayer el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas económicas y sociales que se recogen en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado en el BOE y con entrada en vigor en fecha 18 de marzo de 2020 y con vigencia temporal, ya que:

Cabe destacar que las medidas previstas en el RD-Ley 8/2020 mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes desde su entrada en vigor (es decir hasta el 18 de abril de 2020), sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante nuevo RD-Ley.

 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA LABORAL PARA HACER FRENTE AL COVID-19

 

1.- FOMENTO DEL TRABAJO A DISTANCIA

El Gobierno para garantizar que la actividad laboral siga y evitar los despidos, cesión temporal o reducción de actividad, establece que se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

 

2.-DERECHO A LA ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA.

– Adaptación de jornada:

Con el fin de evitar la transmisión del COVID-19 debido a su contagio o por causas relacionadas con el mismo, o debido al cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza, los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma.

Es un derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores, que tiene que justificarlo. La empresa y el trabajador deberán de llegar a un acuerdo para adaptarse a la situación pudiendo ser:

  • Distribución del tiempo de trabajo
  • Cambio de turno
  • Alteración de horario y horario flexible
  • Jornada partida o continuada
  • Cambio de centro de trabajo
  • Cambio de funciones
  • Cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia

En definitiva, cualquier cambio que permita la adaptación del trabajador a esta situación temporal.

– Reducción de jornada:

Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo por guarda legal de un menor de 12 años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, con reducción proporcional a su jornada.

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario, siempre que sea justificado y razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa.

Así mismo, quien ya tuviera concedido esta reducción podrá anularla o cambiar los términos de la misma temporalmente durante esta situación.

 

3.-PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS AUTÓNOMOS

Con carácter excepcional y limitada para un mes, a contar desde la fecha de estado de alarma (14 de marzo) o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad.

El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización del Régimen de Autónomos.

 

4.-PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR FUERZA MAYOR.

Para las empresas que se acogen a estas medidas debido a que tienen actividades incluidas en la declaración de estado de alarma o bien que, debido al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, el procedimiento para su solicitud será el siguiente:

  • Se inicia mediante solicitud de la empresa que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, con la correspondiente documentación acreditativa.
  • Deberá comunicar dicha solicitud a los trabajadores o representantes de los mismos.
  • La autoridad laboral constatara la causa de fuerza mayor por el que se adoptan las medidas, que resolverá en el plazo de 5 días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada y surgirá efecto desde ese hecho causante.

En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora.

 

4.1.- PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN.

En este caso se aplicará las siguientes medidas:

  • En el caso que no exista representantes de los trabajadores, estará integrado por lo sindicatos más representativos del sector, de no ser posible por 3 trabajadores de la empresa, y deberá estar constituida en el plazo de 5 días.
  • El periodo de consultas no excederá de un plazo de 7 días.
  • El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días.

 

5.- PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

En el caso que el trabajador se vea afectada por estas medidas, tendrá derecho al desempleo todos los trabajadores, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

No computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias.

Podrán acogerse a las medidas aquellas que tengan la condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

LIMITACIÓN A LA APLICACIÓN A LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO.

    1. No se les aplicarán las especialidades previstas a los expedientes de regulación de empleo para la suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de jornada iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor de este y basados en las causas previstas en el mismo.
    2. Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID-19.

 

A DESTACAR

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el Real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

 

APROBACIÓN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS ECONÓMICAS

Este es el caso de las medidas fiscales aprobadas, que se desarrollan a continuación:

 

I.- REGULACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO ANTE EL COVID-19:

Con el RD-Ley 8/2020 de 18 de marzo se regula la suspensión de plazos en el ámbito tributario, flexibilizándose los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento y los plazos con los que cuenta el contribuyente para favorecer su derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración Tributaria del Estado y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia tributaria de que se trate. También, se amplía con carácter general el plazo de contestación a los requerimientos formulados por la Dirección General del Catastro. Esta flexibilización se concreta en el siguiente calendario:

A. Con relación a plazos en el ámbito tributario iniciados con anterioridad al 18 de marzo de 2020:

A.1) Se amplían hasta el 30 de abril de 2020:

    • Los plazos de pago de la deuda tributaria en período voluntario y ejecutivo (art. 62. 2 y 5 LGT).
    • Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos.
    • Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes (arts. 104.2 y 104 bis del RGR), y
    • Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido el 18 de marzo de 2020.

NOTA: Quedan aplazadas hasta el 20 de abril de 2020 las declaraciones mensuales de febrero que vencen el próximo 20 de marzo

A.2) Desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020:

No se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles en el seno del procedimiento administrativo de apremio.

B. Con relación a plazos en el ámbito tributario que se inicien a partir del 18 de marzo de 2020:

B.1) Se extienden hasta el 20 de mayo de 2020:

 (salvo que sea mayor el otorgado por la norma general, en cuyo caso será este el aplicable):

    • Los plazos para el pago de la de la deuda tributaria en período voluntario y ejecutivo (art. 62. 2 y 5 LGT).
    • Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos.
    • Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes (arts. 104.2 y 104 bis RGR)
    • El establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir del 18 de marzo de 2020.

NOTA: No obstante, si el obligado tributario no se acoge a esta ampliación de plazos atiende al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presenta sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.

C. NO COMPUTARÁ el período comprendido desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020:

    • A efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT (si bien esta puede impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles durante el referido período).
    • A efectos de los plazos de prescripción de los derechos de la Administración y del obligado tributario (art. 66 LGT), ni a efectos de los plazos de caducidad.
    • A efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio (si bien la Administración puede impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles durante el referido período).

 

D. En el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán, a los solos efectos del cómputo de los plazos de prescripción (art. 66 LGT), notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020. El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación (en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la LGT), si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.

 

E. Suspensión plazos con relación a la Dirección General del Catastro:

E.1) Se amplían hasta el 30 de abril de 2020:

Los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación el 18 de marzo de 2020.

E.2) El plazo será hasta el 20 de mayo de 2020:

Para ser atendidos los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir del 18 de marzo de 2020 por la Dirección General del Catastro, excepto que sea mayor el otorgado por la norma general, en cuyo caso será este el aplicable.

No obstante, si el obligado tributario, no se acoge a las ampliaciones de los plazos indicadas y atiende al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.

 

II.- MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES:

Se atribuye al titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la competencia para acordar que el despacho aduanero, de forma excepcional por necesidades de servicio derivadas de la actual situación, sea realizado a través de las aplicaciones informáticas existentes para el despacho aduanero sin necesidad de modificación de las mismas por cualquier órgano o funcionario del Área de Aduanas e Impuestos Especiales.

Se mantienen en materia de plazos para formular alegaciones y atender requerimientos las especialidades previstas por la normativa aduanera.

 

III.- PLAN ACELERA:

Con el fin de por la preparación y dotación de las pymes al desarrollo digital, y en especial en el contexto de la dotación de soluciones de teletrabajo y la compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización, se disponen diversas medidas de apoyo a las pymes desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con el Programa Acelera Pyme, con el objeto de articular un conjunto de iniciativas en colaboración con el sector privado de apoyo a las PYME en el corto y medio plazo a través de la Entidad Red.es. Para ello:

El Gobierno dispondrá la inmediata puesta en marcha, a través de la entidad pública empresarial RED.ES, del Programa Acelera PYME con el objeto de articular un conjunto de iniciativas en colaboración con el sector privado de apoyo a las PYME en el corto y medio plazo.

 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA FINANCIERA PARA HACER FRENTE AL COVID-1

moratoria en el pago de hipotecas para la adquisición de vivienda habitual cuando el deudor se encuentre en supuestos de vulnerabilidad (artículo 9):

1 ¿Requisitos para acceder a dicha moratoria?

  • Deudor hipotecario en situación de desempleo o empresario/profesional que sufra una pérdida sustancial de sus ingresos.
  • Los ingresos de los miembros de la unidad familiar no pueden superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM Mensual: 548,60 €, Anual – 12 pagas: 6.583,20 € y Anual – 14 pagas: 7.680,35 €) con los incrementos establecidos por hijos, personas mayores o discapacitadas a cargo de la unidad familiar.
  • Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, sea superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Cuando, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas de manera que el esfuerzo que represente la deuda hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3 o se ha producido una caída sustancial de las ventas de al menos un 40 %.

De momento, y sin perjuicio de posibles cambios dada la actual situación provocada por el Covid-19, esta moratoria es únicamente aplicable respecto de la financiación de vivienda habitual, quedando por ello excluidos locales comerciales, 2ª vivienda, garajes o terrenos para promoción inmobiliaria.

2 ¿Qué se entiende por unidad familiar?

Forman parte de la unidad familiar el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda. Excluidas, por tanto, las parejas de hecho no inscritas.

3 Situación de fiadores, avalistas o hipotecantes no deudores

Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica, anteriormente descritos, podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, aunque hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión, sin perjuicio de la aplicación al deudor principal de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas. Así por ejemplo en supuestos de padres que han avalado a sus hijos para la concesión de un préstamo para la compra de su vivienda habitual, si éstos se encuentren en situación de vulnerabilidad, los padres responderán de la devolución del préstamo, salvo que también se encuentren en dicha situación.

4 Procedimiento

El plazo para solicitar esta moratoria será de hasta quince días después del fin de la vigencia del real decreto-ley. La concurrencia de las circunstancias se acreditará por el deudor ante la entidad acreedora mediante la presentación de los documentos expresamente indicados en el real decreto-ley.

Realizada la solicitud de moratoria, la entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días comunicándolo, en caso de concesión, al Banco de España.

5 Beneficios de la moratoria

Durante el periodo de vigencia de la moratoria la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, que no devengará intereses remuneratorios ni moratorios. Además, no se computará el periodo de moratoria para el posible vencimiento anticipado del préstamo por impago de las cuotas estipuladas.

Responsabilidad en caso de solicitar y beneficiarse de la moratoria sin cumplir los requisitos legalmente establecidos

El deudor hipotecario que se hubiese beneficiado de las medidas de moratoria sin reunir los requisitos establecidos será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de los gastos generados por la aplicación de estas medidas de flexibilización, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar. También incurrirá en responsabilidad el deudor que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de estas medidas.

 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA MERCANTIL Y OTRAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19

 

1. MEDIDAS DE ORDEN CIVIL Y MERCANTIL

  • Se establecen una serie de medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las personas jurídicas de derecho privado e igualmente se establecen una serie de medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las sociedades anónimas cotizadas.
  • Por otro lado se interrumpe el plazo fijado en la Ley Concursal para que el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tenga el deber de solicitar la declaración de concurso.
  • Se suspende el plazo de caducidad de los asientos registrales.

 

2. DESARROLLO.

2.1 Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado.

  • Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto.

Sus acuerdos podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano.

  • El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y demás documentos obligatorios, queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.
  • Si, a la fecha de declaración del estado de alarma, ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
  • La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.

Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

  • El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.
  • Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma o sus prórrogas.
  • El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
  • En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.
  • En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.
  • Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

2.2 Medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas.

2.3 Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro: asientos de presentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo.

Durante la vigencia del estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas. El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de su prórroga.

2.4 Plazo del deber de solicitud de concurso.

  • Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.
  • Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.
  • Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere la Ley Concursal

 

OTRAS MEDIDAS.

1. . ITP-AJD escrituras novación de hipotecas.

Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

Se añade un nuevo número 23 al artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que tendrá la siguiente redacción:

«23. Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto.».

 

Medidas iniciales aprobadas el 12 de marzo

MEDIDAS FISCALES URGENTES APROBADAS POR EL GOBIERNO 12 de marzo

El pasado viernes se han aprobado las siguientes medidas fiscales por RDL 7/2020 de 12 de marzo del 2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

 La medida de apoyo financiero transitorio aprobado es:

APLAZAMIENTO A  6 MESES CON PAGO 30/09/2020. NO SE DEVENGARÁN INTERESES DURANTE LOS  3 PRIMEROS MESES

  • La concesión de aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice hasta el día 30 de mayo de 2020, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley General Tributaria.
  • Este aplazamiento será aplicable también, con carácter temporal y excepcional, a las deudas tributarias a las que hace referencia las letras b), f) y g) artículo 65 de Ley General Tributaria que se refieren a:
    • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar el ingreso a cuenta, es decir, modelo 111, modelo 115, modelo 123.
    • Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifiquen debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas, es decir, el modelo 303 IVA.
    • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (Modelo 202).

 

MEDIDAS LABORALES URGENTES APROBADAS POR EL GOBIERNO 12 de marzo

Se ratifica lo ya adelantado que;

  • Con carácter excepcional se considerará como situación asimilada a accidente de trabajo los períodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.

Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.

  • Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

1. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

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